Ilustración extraída de: https://www.eldiario.es/catalunya/ricarda-reserva-verde-amenazada-ampliacion-aeropuerto-prat_1_8287225.html
Para adentrarnos en la cuestión, permítanme exponer que envuelve catalogar un terreno como ZEPA, pues, ello tendrá relevancia en el debate. A través de dos directivas (Directiva de Aves Silvestres y Directiva Hábitats) se creó la Red Natura 2000. Ella es un catálogo europeo en el que se incluyen los LIC (Lugar de importancia comunitaria), que son un paso previo para declarar un terreno como ZEC (Zona especial de conservación), y las ZEPA. Estos suelos se encuentran dentro de la Red Natura 2000, pues, cumplen ciertos rasgos considerados relevantes, que merecen ser protegidos. En el caso de las ZEPA, está relacionado con las especies de aves que habitan dicho espacio, o que emplean el mismo como plataforma de migración. Esta catalogación posee distintos pasos, la primera de ellas envuelve a las Comunidades Autónomas (ellas proponen que espacios deberían ser considerados como LIC y ZEPA, para que, posteriormente, la Comisión Europea apruebe o no dicha declaración). Esta declaración fue efectuada por cada Comunidad Autónoma, pero ha generado ciertos problemas ahora en el futuro, pues, acabo clasificándose, como LIC o ZEPA, una multitud de terrenos. Ello supone que son suelos que poseen una especial protección lo que impide la posibilidad de edificación, de urbanización de los mismos. Por tanto, si se quiere realizar esas construcciones, en principio, no podría efectuarse, habría que descalificar el suelo como LIC o ZEPA.
Hay un principio en el Derecho de la Unión Europea, el principio de no regresión, que consiste en que alcanzado un estándar de protección es complejo retroceder, revertir a una situación en la que hay una inferior garantía. Por tanto, para realizar esa regresión se va a establecer unos requisitos muy elevados, pues, se pretende proteger el terreno y, que no se efectúe movimientos arbitrarios que perjudiquen aquello que se protege, porque al final con la protección se pretende garantizar eso para las generaciones futuras. Por ello, bajo esta premisa, si las Comunidades Autónomas han decido proteger una considerable parte del terreno (en Cataluña se encuentra protegido 1.110.213 hectáreas, según datos del Instituto de Estadísticas de Cataluña), si se quiere realizar actividades de desarrollo, será muy complicado, debido a que se tendrán que cumplir requisitos muy elevados. Dentro de esos requerimientos para proceder a la descatalogación se encuentra haber registrado a lo largo del tiempo un proceso objetivo de desvalorización de la zona (generado naturalmente y no por obra del hombre). Sin embargo, esto no era aplicable al caso, pues, esto no se constató que aconteciera en La Ricarda. Por ello, cabe preguntarse, ¿habría posibilidad de ampliar el aeropuerto?
Una de las cosas que más me gusta del Derecho es que siempre hay una solución a los problemas. El Derecho no nos deja desamparados, pues, o el mismo permite aplicar otras posibilidades, o ofrece una interpretación para solventar la cuestión. Por lo que, el Derecho no solo organiza a la sociedad, sino es una herramienta que está a nuestro alcance. Sólo hay que buscar, adentrarse en ella. En este caso, habría que ir al art. 7 de la Directiva 92/43/CEE, que remite al art. 6 de la Directiva 2009/147/CE. En estos artículos se viene a decir que para efectuar proyectos que no estén relacionados con la gestión (o no sean necesarios para la realización de la misma en zonas protegidas) habrá que realizar una evaluación medioambiental de la propuesta. Pero, ¿que sucede si esa ampliación obtiene un resultado negativo en la evaluación? Hecho que, probablemente, sucedería con la ampliación, pues, generaría daños al espacio. Aún así podría realizarse si la Comisión Europea considera que no existe otra alternativa viable y hay razones imperiosas de interés público de primer orden, de salud humana, seguridad pública…
La ampliación de un aeropuerto como el Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, podría cumplir con lo anteriormente expuesto. Como ejemplos análogos está el aeropuerto el Karlsruhe/Baden-Baden cuya ampliación fue aprobada por considerar que contribuía a enlazar la red de transportes nacionales e internacionales, y el aeropuerto Lübeck- Blankensee aceptado por lo que supondría para el desarrollo económico y la creación de empleo de la zona. Adicionalmente, cabe señalar, que si se hiciera la ampliación habría que realizar una serie de compensaciones como encontrar (o construir) un espacio que cumpla con las funciones por la que la ZEPA fue considerada como tal, de tal forma que las aves puedan acceder y efectuar sus rutas migratorias. Por tanto, sabiendo que se puede hacer y que lo protegido por la ZEPA continuará protegido, ¿dónde está la disputa?
Al final, todo se reduce a una cuestión política. Es el poder el que tiene la última palabra en estas cuestiones. Son los representantes de los ciudadanos los que finalmente determinarán que sucede, pues, son ellos los que han de iniciar, en este caso, este proceso. Por ello, cabe preguntarse, ¿se está tomando la decisión correcta en base al intereses público, al bien común, o, simplemente, se hace para poder ser reelegido y mantenerse en el poder? Al final un servidor público, debería de ser un sujeto que actúe por mejorar el bienestar de la sociedad. Son ellos los que trabajan para todos nosotros, y no sólo para una parte de la población (sus votantes). Por ello, ante este hecho, en el que se disputa si ampliar o no el aeropuerto El Prat, uno debería de preguntarse, está confrontación que impide la construcción, ¿se basa en buscar lo mejorar para la sociedad? Pues, al final, si se hiciera se seguiría protegiendo las aves de la ZEPA y contribuiría al desarrollo económico.
Ana Fernández Bejarano
