"Quien cumple la ley no humilla a nadie" y la ley se cumplirá "atendiendo a sus posibilidades y a su ámbito
normativo", decía Juan Carlos Campo (ministro de Justicia) en la sesión de
control al Gobierno este pasado miércoles.
Un problema social, político y jurídico. El indulto a los presos catalanes. Su solución es ampliamente discutida
entre los distintos sectores ideológicos de la población. Parece ser que la
facción con más apoyo es la que considera que este tipo concesiones de medidas
de gracia son injustas y que conceden prerrogativas inmerecidas a cierta gente
por razón de sus personas y de sus correspondientes estatus sociales. Sin embargo,
estos sectores - los más críticos con la gestión de este problema por parte del
Gobierno central - vuelven a equivocarse en la manera de plantear su
discrepancia. Me explico:
El gran problema al que deberíamos hacer frente aquí no es indultar o no indultar; o, en cualquier caso, esto debería ser un paso intermedio que se debería abordar tras la resolución de la cuestión principal. Y, entonces, ¿cuál es esta cuestión principal? Pues, a mi parecer, se trata del hecho de que la ley reguladora de los indultos es claramente anticuada y, por tanto, necesita de una
actualización plena y no parcial - a diferencia de lo que se lleva haciendo hasta ahora con
las reformas a las que se ha visto sometida.
Se trata de una
norma del siglo XIX, concretamente del año 1870, época en la cual España se
encontraba en pleno “Sexenio Democrático”, por lo que idear una norma que
pretendía regular algo tan delicado como es el perdón de ciertas condenas por razones de equidad, oportunidad
o conveniencia pública era ciertamente modernizador para los tiempos que
corrían.
Sin embargo, la
manera en la que dicha ley define los requisitos para poder indultar a alguien es
extremadamente difusa, y en su redacción actual, aun habiendo sido
sometida a dos reformas desde la instauración de la democracia en España, la
palabra final sigue recayendo sobre el ejecutivo, por mucho que el Tribunal
sentenciador deba pronunciarse al respecto de manera no vinculante (en lo
relativo a los indultos parciales, por lo menos).
Personalmente,
considero que el Gobierno de la Nación ciertamente tiene unas prerrogativas
demasiado amplias para indultar a quien quiera (aunque sea solo de manera
parcial) en función de unos criterios que según la redacción de la ley se
desprenden como indudablemente subjetivos. No obstante, poco se puede criticar
si estas críticas no van encaminadas a modificar y crear legislación nueva que
se adapte a la realidad social tan compleja en la que vivimos.
¿Qué es lo que define la moralidad de una sociedad como la nuestra? Queramos o no, son los textos legales. Véase la
Declaración Universal de DDHH, las diversas Constituciones, los Tratados Internacionales
etc. Por tanto, si aceptamos que dichas normas establezcan la moralidad
ampliamente consensuada hoy día, no resulta en absoluto coherente criticar una actuación de un
Gobierno que se atiene a una ley vigente sin antes pasar por la crítica
constructiva y la consiguiente propuesta juiciosa de una alternativa
jurídico-normativa a la ley en cuestión.
Por eso, creo fuertemente
que, afortunada o desafortunadamente, el cambio pasa primero por la modificación
de la normativa vigente para adecuarla a nuestros tiempos, restringiendo así la posible actuación arbitraria del ejecutivo al aplicar este tipo de medidas de gracia; que, sin lugar a duda, pueden chocar con la realidad social actual.
¡Manifestémonos de manera pragmática y útil, no solo porque nos lo dicen los líderes políticos de unos partidos que dominan nuestro ideario! Si criticas pero, acto seguido, no propones de manera realista, tus críticas se vacían automáticamente de contenido; es ley de vida. Clase política, sociedad civil: ¡os manifestaréis, pero no convenceréis! #NOALAMANIFESTACIÓNDELDOMINGO
*Nota aclaratoria: en ningún caso pretendo poner en cuestión el derecho fundamental de manifestación, ni tampoco mi intención es mostrar una opinión política a favor o en contra de los indultos; tan solo me limito a mostrar mi disconformidad con la manera en la que se plantea la manifestación del domingo, obviando que el problema pasa indudablemente antes por una reforma legislativa. La manifestación, a mi parecer, debería ser para presionar a los poderes públicos competentes para que éstos adapten la normativa a nuestra realidad social actual, y no para que X partidos políticos saquen rédito de una manifestación cuyo objetivo vuelve a centrarse en el interés personal de la clase política - indistintamente de su color.
Por Rubén Serrano Alfaro
