A priori, parece difícil encontrar una relación entre el mundo financiero y el cuidado del medio ambiente. Los que no tenemos grandes conocimientos en materia financiera, en ocasiones nos imaginamos a los que trabajan en esos mercados como personas con traje mirando al mismo tiempo dos o tres pantallas con gráficos incomprensibles o saliendo de un edificio de al menos treinta plantas mientras gritan por teléfono a alguien. Por el contrario, si hubiera que hacer una caricatura de la persona preocupada por el medio ambiente, sería alguien con el pelo ligeramente sucio y recogido en un moño, paseando por el monte o hablando sobre deforestación mientras va a la compra con una bolsa de tela. No aparecen, en un primer acercamiento, puntos en común.
Sin embargo, si hablamos en términos económicos, podemos comprender el medio ambiente en relación con los recursos. Por un lado, de la naturaleza, evidentemente, extraemos recursos para la industria. Por otro, y es en este en el que me quiero detener, todo lo que tiene que ver con el desarrollo sostenible requiere una gran cantidad de tiempo y de dinero. Calentamiento global, refugiados climáticos, desertificación, pérdida de biodiversidad… Todo son problemas relacionados con la naturaleza que nos rodea y que percibimos como acuciantes. Un ejemplo de la importancia que damos a estos problemas son las cumbres por el clima o los movimientos sociales que se han generado para concienciar. A pesar de todo, si bien existe un acuerdo generalizado sobre la necesidad de actuar, también hay una duda general: ¿Cómo lo pagamos?
Entonces, vemos de repente que quizá haya cabida para el mundo financiero dentro de la lucha contra el cambio climático. ¿No sería posible crear un producto financiero que pudiese convertirse en la solución al problema de financiación del desarrollo sostenible? En el año 2007, el Banco Europeo de Inversión quiso proponer una respuesta y emitió la primera obligación o bono verdes, también conocidos como green bonds.
Simplificando enormemente, los bonos son un medio que las empresas, pero sobre todo los gobiernos, utilizan para financiarse. Emitir un bono se asemeja a pedir un préstamo, solo que en este caso quien lo emite (quien pide el préstamos) vende un producto financiero por el cual, a cambio de su precio (la cantidad prestada), se compromete a pagar un rendimiento (una especie de interés) y a devolver el precio del bono en una fecha preestablecida. La idea de los bonos verdes es, en definitiva, la propuesta de financiar proyectos relacionados con la transición ecológica a través de bonos que emite una empresa o una entidad pública. El objetivo es sencillo: se busca aprovechar la enorme capacidad de financiación de los mercados financieros y orientarla hacia proyectos “verdes”, hacia un buen fin.
Desde 2007, los bonos verdes han tenido una enorme acogida. Numerosas empresas privadas han financiado así su transición hacia modelos de producción más sostenibles. Este es por ejemplo el caso de Iberdrola, que ha emitido desde 2014 11.000 millones de euros en bonos verdes. El dinero se ha destinado principalmente a la construcción de infraestructuras para aprovechar las energías renovables, en particular la eólica. Evidentemente, la compra de un bono no es una donación. Tanto el comprador como Iberdrola van a tener un beneficio, el primero a través de rendimientos y la segunda porque ha financiado una inversión. Sin embargo, parece claro que en este caso el conjunto de la sociedad se verá también beneficiado por que se produzca energía de una manera más limpia.
Con esto y con todo, hay una sospecha, en parte motivada por una merecida mala fama del mundo de las finanzas, que no desaparece. ¿Cómo podemos estar seguros de que el dinero va a llegar al destino prometido? No en vano, junto el término green bond hubo que acuñar el concepto de greenwashing: la práctica que llevan a cabo ciertas empresas por la cual atraen inversión a través de bonos verdes pero que no se destina a proyectos responsables con el medio ambiente. Los bonos verdes atraen a un tipo de inversor conocido como “socialmente responsable” que de hecho busca que su dinero sirva para buenas causas. ¿Es posible garantizarlo?
A nivel internacional, no existe una normativa reconocida y aceptada por todos. Sin embargo, sí que hay iniciativas que buscan servir de apoyo a las entidades emisoras en tanto que agencia externa evaluadora. Es el caso de la International Capital Market Association, que redactó una serie de principios para los bonos verdes que tienen bastante reconocimiento dentro del mercado. Las dos patas principales de estos principios son la definición de los proyectos a los que se destina la financiación y la transparencia a la hora de gestionar el capital. Esta es por ahora la gran apuesta en este tipo de transacción: confiar en una tercera parte certificadora. Desde la Comisión Europea, se trabaja en un estándar para los Estados miembros que podría ser un punto de inflexión.
A pesar de los años de recorrido, el capital emitido en bonos verdes por los gobiernos representa todavía un pequeño porcentaje. En Europa, los países con más actividad en este mercado son los que tienen políticas asentadas de lucha contra el cambio climático, reducción de emisiones y, en general, transición ecológica. En Francia ya se han financiado con ellos desde programas de reverdecimiento hasta remodelaciones de edificios para mejorar su eficiencia energética. España está todavía lejos de dar tanta importancia a los bonos verdes. ¿Es esto algo en lo que deberíamos avanzar o más bien deberíamos recular ahora que estamos a tiempo?
No puedo dar una respuesta categórica ni posicionarme claramente respecto a esto. En efecto, el fin de este artículo era presentar el fenómeno para que, con cierto conocimiento sobre el tema, el lector pueda inclinarse más de un lado que de otro. El beneficio común que supone la reconversión verde podría parecer una razón suficiente para invertir en ello sin la necesidad de crear complicados productos financieros que hagan entrar al medio ambiente en un mercado de transacciones en ocasiones éticamente dudosas. La capacidad de acción de algunos grandes inversores, sin embargo, es tan grande que al menos hay que plantearse si es posible también hacer una reconversión ecológica financiera.
Por Carlos del Cuvillo
