En el siempre plano mes de agosto —en cuanto a noticias se refiere—, y más aún cuando la agenda seguía marcada, como en los últimos cinco meses, por la cifra diaria de casos de coronavirus, emergió un salvador, el picante que le faltaba a nuestra actualidad a todos los niveles: el rey emérito anuncia que se va de España. ¡Qué gusto! Ya teníamos noticia para unas cuantas semanas. Era una noticia fantástica porque se le podía sacar punta desde infinitos ángulos: los políticos que apoyan y los que critican a la Corona, los tertulianos del papel cuché opinando (¿inventando?) sobre las tensiones internas en la Familia Real, un experto en Hacienda y otro sobre Derecho Constitucional discutiendo sobre si hay que exigir al rey emérito que pague por las supuestas comisiones... hubo debate hasta por los términos con los que había que referirse al hecho en sí: ¿el rey abandona España? ¿Huye? ¿Se fuga? ¿Va a por tabaco? ¿Vuelvo en cinco minutos?
Sea como fuere, a mí, como historiador, enseguida me vino un pensamiento a la cabeza: "otro rey que se marcha de España". Sin apenas tiempo para ponerme a comprobar por mi cuenta la historia reciente de la monarquía española y el exilio, encontré a los pocos días el dato: desde Carlos IV, todos los reyes de España han pasado por el exilio en algún momento de su vida. Unos acabaron sus días fuera de España, como el propio Carlos IV, Isabel II o Alfonso XIII; otros llegaron desde allí, como Alfonso XII, Fernando VII o el propio Juan Carlos I; y otros vinieron y se fueron por el mismo camino, como el pobre Amadeo I.
Y una vez más la polémica está servida. Los detractores de la monarquía enseguida ondean la bandera de que se trata de una institución nada democrática, como se apresuró a afirmar el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, porque al rey actual no le hemos elegido sino que es rey por ser hijo de quien es. El argumento clásico contra esto es que en la Constitución de 1978 se decidió que España era una monarquía y aquello sí se votó en un referéndum y se aprobó por mayoría.
También están los que aprovechan para volver a proponer, como ya sucedió en el momento de la abdicación, que Felipe VI debería ser ratificado en un referéndum, aunque solo fuera como gesto de buena voluntad por su parte. Pero claro, esto siempre se propone cuando la monarquía está en el punto de mira y la opinión pública es fácilmente manipulable según el momento —que se lo digan a los ingleses con el Brexit—. Por otro lado, ¿cuándo sería un buen momento para los partidarios del sí? Probablemente no lo haya.
Otro de los argumentos que se esgrimen contra la monarquía es que es una institución corrupta y es cierto que tenemos un buen historial de corruptelas y comportamientos nada ejemplarizantes en nuestra nómina de monarcas. Pero quizás en este caso estemos confundiendo continente con contenido. La pregunta sería: ¿la corrupción proviene de la institución o de la persona? Digamos que estamos ante la misma disyuntiva cuando los partidos políticos se acusan de ser corruptos en sí mismos. Podemos defender que no todos los miembros de un partido son corruptos aunque haya habido —y muchos— casos de corrupción en sus filas y durante sus gobiernos. Del mismo modo, podemos decir que la Monarquía como institución no es corrupta y son los portadores de la Corona quienes cometen tales acciones poco loables. Sin embargo, en ambos casos tenemos un punto en común: el poder.
Parece desgraciadamente evidente que el poder lleva a la corrupción. Quizás no necesariamente, ya que hay mucha gente con poder e inmaculada, pero desde luego tener poder facilita la corrupción. La variable tiempo no hace sino empeorar la ecuación. Y los reyes lo suelen ser por muchos años, si no hay sobresaltos. Por eso, por ejemplo, se ponen límites a las legislaturas consecutivas de un mismo presidente. Esto no te asegura que no vaya a haber tráfico de influencias ni nepotismo durante esas legislaturas e incluso después con otro o el mismo partido en el gobierno, pero es un aviso a las conciencias: el poder te acerca a la corrupción. Mejor será que limitemos el poder.
¿Qué hacemos con la Monarquía?
¿Damos paso a la III República sin dudarlo? Así podríamos elegir al presidente de la misma cada cierto tiempo, podríamos imponer unos límites, podríamos revocarlo si no nos gusta..., pero no nos aseguraría evitar el mal de la corrupción. Por otro lado, ese presidente sería de un partido político, con lo que perderíamos la figura apolítica del rey. ¿La dejamos tal cual y confiamos a ciegas en que Felipe VI no va a ser como su padre? Es una opción, claro, pero don Juan Carlos también nos parecía un tipo leal y nos decía en Navidad que debíamos ser honestos y dar ejemplo...
Personalmente, la Monarquía me da cierta sensación de estabilidad frente a la discusión política y mediática que bien podría afectar a un cargo renovable como el de presidente de la República. Por otro lado, y puede sonar algo naif, creo que ya que tenemos esta institución deberíamos aprovecharla, sacarle partido.
Lo primero que tiene que quedar claro es que la Corona no es un privilegio sino un servicio a España. Y ese debe ser el punto de partida. Es importante dotar a la monarquía de sentido en el mundo actual, hacerla útil, transparente y valiosa. La Casa Real necesita acercarse al pueblo para que el pueblo la valore —y, por lo tanto, no quiera eliminarla—. Y no me refiero a esos momentos en los que los Reyes estrechaban la mano a la gente (antes de la covid, ¿os acordáis?). Eso estaba muy bien en la España analógica. Pero en el mundo hiperconectado y sobreinformado en el que vivimos, la gente quiere saber o, al menos, que le den información. Bien, pues démosela. Ya no es posible aquello del pacto de silencio respecto a la Familia Real. Hace mucho que cayó ese muro y la Monarquía tiene que saber estar en este mundo, buscar su sitio, encontrar —y resaltar— su función. Porque si se trata de una institución inútil o prescindible, entonces bienvenida sea la República.
El ciudadano de a pie tiene que enterarse de qué hace el rey por España, de qué sirve que vaya de visita a tal o cual país; hay que analizar bien los gastos derivados de su actividad y ver cuáles son estrictamente necesarios, por honradez y para minimizar las críticas por esa parte; quizás haya que explicar el tipo de formación que reciben la Princesa de Asturias y la Infanta y su utilidad en el futuro para España. La Corona necesita una mezcla de transparencia y márketing, si es que eso es posible.
Claro que esto mismo de la transparencia y entender tu puesto como un servicio y no un privilegio es algo que se debería aplicar a todos los cargos públicos del Estado español, empezando por los 350 diputados que ocupan las Cortes españolas. Ojalá...
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Por Fernando Santos
