"Tengo la fe pero tengo mis dudas" afirma Quique González en su canción Viejos capos, del disco Delantera Mítica (2013). Y a mí con las leyes educativas me pasa un poco lo mismo. Hay que tener cierta fe en ellas porque son necesarias como instrumento para vertebrar el sistema educativo en nuestro país, pero tengo mis dudas sobre algunas intenciones al hacerlas y, desde luego, sobre su capacidad para ser llevadas a buen término. Así que manos a la obra con la última de ellas, la octava en 42 años de democracia. Echad cuentas.
Al escribir este artículo, parto de la base de que cualquier ley educativa que no provenga de un gran pacto nacional ya nace con problemas y carencias. No voy a ahondar en la cuestión de que el consenso respecto al modelo educativo es extremadamente necesario y, según parece, casi tanto como utópico. Por lo tanto, lo primero que me planteo es que, tras tanta discusión agria y movilización partidista, si en las próximas elecciones el gobierno cambiara de color, ¿la ley seguirá vigente? ¿No se promulgará una nueva o al menos se anulará esta para volver a la anterior? Tengo mis dudas...
La promoción
Ha sido uno de los temas candentes. Entre familias y profesores —pertenezco a ambos bandos— ha sido debatida repetidas veces la norma que establece que un alumno pueda pasar de curso con más de dos asignaturas suspensas o incluso titular en Bachillerato con un suspenso. Hay que insistir en que, en todo momento, se especifica que esto sucede si así lo decide la junta de profesores. Y entonces hay que decirlo bien claro: este último término ya era así. Siempre ha sido el grupo de profesores del alumno el que ha tomado esa decisión. Y os puedo asegurar, habiendo participado en esas juntas y en esas decisiones, que no se toma a la ligera. Por lo tanto, la ley no da carta blanca a los alumnos ni obliga a los profesores a promocionar al alumnado pase lo que pase. Pero esto suena muy escandaloso y por eso se le ha dado bola.
El espíritu de esta parte de la ley es poner de manifiesto que la repetición no es una herramienta útil en la mayoría de los casos y que debe ser algo extraordinario, en lo cual estamos de acuerdo muchos profesores. Y el mensaje de fondo es: repetir no funciona, vamos a ver qué carencias tiene el alumno y vamos a trabajar en ello. Eso es genial y así lo afirman muchos expertos en educación. Solo surge un pequeño problema; para eso, algunas medidas útiles serían reducir las ratios de las clases para lograr una mejor atención a esos alumnos, invertir en profesionales que puedan hacer un refuerzo educativo... La propia ministra Celaá en una entrevista para El País afirmaba que lo que se pretende es "una enseñanza personalizada, con nuevas metodologías y digitalización" para que los alumnos "lleguen tan lejos como puedan (...) de acuerdo a sus competencias, capacidades y ritmos". Fantástico. De verdad. Pero todo eso supone mucho dinero y tiempo para implantarlo. ¿Nos lo darán? Tengo mis dudas...
A vueltas con el idioma
Retirar el adjetivo "vehicular" junto al sustantivo "idioma" ha traído más cola que casi el resto de las miles de palabras que conforman la ley. Supongo que el PSOE era consciente de ello cuando aceptó ese cambio sobre el contenido original porque es evidente que iba a provocar sarpullido. Sin embargo, todo parece indicar que se trata más de un brindis al sol y de una concesión puramente literaria en el texto, ya que como esto de las lenguas vehiculares y la educación viene de lejos, existen varias sentencias del Tribunal Constitucional y del Supremo diciendo que al menos el 25% de las horas lectivas deben ser en castellano. También dice la ley que si esto no se cumpliera, son las autonomías las que deben hacer que se compense de alguna manera. Supongo que a todos se nos ocurren autonomías que quizás vayan a intervenir más que otras, así que tengo mis dudas también al respecto. Pero lo que más pena me da es que se utilicen las lenguas como arma arrojadiza, cuando son una buena parte del sustrato cultural que nos hacen un país tan rico.
Pública versus concertada
Resolver el asunto de cuadrar la educación pública y la concertada en este país debe de ser algo equiparable al nudo gordiano. De hecho se trata de una cuestión que la propia Constitución deja sin definir realmente —como tantas otras generalidades de nuestra carta magna—. Afirma el derecho a la educación pública y gratuita y a la libertad de creación de centros docentes. Y dice que el Estado ayudará a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca. Y ya está.
El asunto es que tiene cierta lógica que la educación, como la sanidad y otros servicios básicos, los procure, de base, el propio Estado. Y que después exista una oferta privada que la complemente. Y, por supuesto, que los padres puedan elegir qué tipo de educación quieren que reciban sus hijos. Pero aquí esa oferta complementaria no es privada, sino participada con dinero público.
En un asunto complicado pero pienso que los centros educativos deberían recibir mucha más financiación. Se critica que la concertada tiene más medios que la pública, en términos generales, y que es gracias a las "aportaciones voluntarias" de las familias, esa misma "aportación" que acaba generando cierta segregación. Sé que es darle la vuelta a la tortilla, pero quizás si la educación, en general, estuviera mejor financiada no harían falta esas "aportaciones" y la desigualdad se reduciría. Pero tengo mis dudas. Lo que no dudo es que evitar o al menos reducir la segregación —sea por origen social o, por supuesto, por sexo— es algo que habría que procurar de alguna manera (sea mediante becas o con cupos..., no lo sé).
¿Peligra la educación especial?
Este es el último gran asunto que voy a tratar. La ley deja bastante claro su objetivo: no puede ser que la mayoría de los alumnos con necesidades educativas especiales vayan a centros especiales. Hay que procurar, porque lo dice la ONU, que muchos más alumnos con necesidades educativas especiales se integren en los colegios. Y creo que hasta ahí tiene bastante razón. La inclusión de estos niños y jóvenes es importante y, de nuevo, enriquecedora para el resto del alumnado. Esto no quiere decir que haya que integrar a todos. Hay diferentes grados de necesidades especiales. Muchos de estos alumnos seguirán asistiendo a un centro especial, pero aquellos que puedan ser integrados en uno ordinario deberían poder hacerlo. ¿Cómo? Dotando de recursos y personal cualificado a esos centros ordinarios y dándoles un plazo de diez años para prepararse. ¿Va a suceder esto con una ley que parte de un contexto de crisis económica y sin consenso educativo? Tengo mis dudas...
Algunos aspectos positivos...
Entre todo el debate catastrofista y partidista se han perdido detalles que, al menos en la teoría, me parecen positivos: se retoma la diversificación a partir de 3º de ESO para aquellos alumnos con más dificultades; se plantea un nuevo itinerario en Bachillerato, denominado General, para aquellos alumnos que aún no se deciden por el de Ciencias/Tecnológico o el de Sociales/Humanidades; se fomenta la fusión de asignaturas del mismo ramo, especialmente en el primer ciclo de ESO, para que el cambio de Primaria a Secundaria —pasas de tener unos pocos profesores a uno por asignatura y más asignaturas—; y se propone la asignatura de Valores Cívicos y Éticos para 5º o 6º de Primaria y 4º de ESO, basada en los valores constitucionales y de derechos humanos.
... y una última duda
También dice la ley que se da un plazo de dos años al Gobierno para formular un plan de aumento del gasto público para poder cumplir con los objetivos de la ley. Es decir, voy poniendo las normas, pero me doy dos años para pensar de dónde voy a sacar el dinero para que se cumplan.
Pues eso, que tengo mis dudas...
Si habéis llegado hasta aquí, al menos disfrutad de una buena canción.
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